Course information

Las Juntas Administradoras Locales son corporaciones públicas de elección popular a las que la Constitución Política de 1991, en su artículo 318, y la Ley 136 de 1994, en su artículo 131, atribuyen funciones de participación en la elaboración de los planes y programas de desarrollo, vigilancia y control de la prestación de los servicios y de las inversiones realizadas con recursos públicos, formulación de propuestas de inversión y distribución de las partidas globales asignadas por el presupuesto municipal. En el Distrito de Medellín existen veintiuna (21) JAL integradas por siete (7) miembros cada una, elegidos por voto popular para un período constitucional de cuatro (4) años.
Este marco de competencias adquirió una relevancia jurídica y operativa sin precedentes con la Sentencia C-208 de 2025 de la Corte Constitucional, que determinó que el término «partidas globales» del artículo 318.4 de la Constitución comprende los recursos de inversión destinados a los presupuestos participativos, y que su distribución no puede depender de la aprobación de órganos consultivos, pues se trata de una facultad constitucional radicada en cabeza de los ediles. En consecuencia, a partir del segundo semestre de 2026 las JAL asumen un papel protagónico en la Planeación Local y el Presupuesto Participativo, lo que demanda una cualificación inmediata y profunda en hacienda pública, derecho presupuestal, planeación de inversiones y derecho disciplinario, con el fin de mitigar el riesgo de incurrir en faltas sancionables por el indebido manejo de los recursos públicos.
A lo anterior se suma el mandato normativo de capacitación: el Decreto Municipal 0566 de 2021 asigna a la Secretaría de Participación Ciudadana la competencia de capacitar a los miembros de las Juntas Administradoras Locales; la Ley 2086 de 2021, en su artículo 6, ordena adelantar programas de capacitación y formación para los integrantes de las JAL; y el Acuerdo Municipal 31 de 2021, en su artículo 17, dispone que la Alcaldía de Medellín adelante las actividades encaminadas a diseñar y desarrollar dichos programas.
Los resultados de la encuesta aplicada por el Equipo de Asistencia a las JAL confirman esta necesidad desde la voz de los propios ediles: la formación en normatividad, las herramientas de incidencia, la comunicación y el liderazgo, la comprensión de la gestión pública y el presupuesto, y la gerencia y la hacienda pública encabezan sus demandas de cualificación.
El escenario descrito no se atiende con capacitaciones informales, charlas esporádicas o talleres de corta duración. Exige un proceso formativo especializado, integral y certificado de educación continua, estructurado como un diplomado y respaldado por una institución de educación superior con capacidad académica, técnica y administrativa para diseñarlo, desarrollarlo, ejecutarlo y certificarlo. La presente propuesta responde a esa exigencia.